12/6/12

Realidade Cero con Vicenç Navarro


Los supuestamente extremistas griegos llevan razón


Cada país de la Eurozona es distinto, y sin embargo, las políticas públicas aplicadas en cada país han sido las mismas. En todos ellos, las políticas propuestas por la llamada troika –el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- así como por el Consejo Europeo y por el gobierno alemán presidido por la canciller Angela Merkel, ayudada hasta hace poco por el gobierno francés presidido por Nicolas Sarkozy, han consistido en recortes del gasto público, incluyendo el gasto público social y reducción salarial. La aplicación de tales políticas respondía al supuesto de que la recesión era causada por el excesivo endeudamiento de los Estados, que estaban supuestamente gastando muy por encima de sus posibilidades. De ahí la necesidad de los recortes. Tales políticas han ido acompañadas de reformas laborales que intentaban reducir los salarios, como medida de alcanzar la devaluación doméstica.
Pero en vista de los datos disponibles, tal supuesto es difícil de sostener en muchos de los países de la Eurozona, incluidos en países en profunda recesión, como España, Irlanda y Portugal. En caso de que aquel supuesto fuera cierto, estos países habrían tenido unos déficits públicos y unas deudas públicas muy elevados, que hubieran causado la crisis. Pues bien, no sólo no eran elevadas, sino que, cuando se inició la crisis en 2007, dos de ellos, España e Irlanda, tenían superávits en sus cuentas del  Estado (España +1,9% del PIB, e Irlanda +0,1% del PIB), y Portugal tenía un déficit del 3,1% del PIB, que estaba sólo un 0,1% por encima en el nivel máximo autorizado por el Pacto de Estabilidad. Un tanto parecido ocurría con la deuda pública. Dos de estos países tenían deudas públicas muy por debajo de lo permitido por el Pacto de Estabilidad (España 36,3% del PIB e Irlanda 24,8% del PIB). Portugal, con el 68,3% del PIB estaba un poco por encima de los límites tolerados por aquel Pacto de Estabilidad.
Es cierto que Grecia tenía un déficit elevado (-6,7% del PIB) y una deuda pública también elevada (105,4% del PIB) cuando la crisis empezó. Ahora bien, la aplicación de aquellas políticas de austeridad empeoró enormemente su situación, acentuando la recesión y con ello la entrada de ingresos al Estado. Como consecuencia, su déficit público aumentó a un -7,2% del PIB (año 2012) y su deuda pública se disparó, alcanzando el 153,2% del PIB. Tales políticas de austeridad disminuyeron su PIB un 15,8%, alcanzando un 21,7% su tasa de desempleo. Su salario mínimo ha disminuido un 20% (un 32% para los jóvenes de menos de 25 años), con gran reducción de gasto y empleo público (150.000 empleados públicos), y descenso muy significativo de la población ocupada, siendo en 2011 sólo un 43,8% de la población adulta (en 2007 era de un 50%). Los costes humanos de esta situación quedan reflejados en el dramático aumento de los suicidios (un 40% en 2011, sobre las cifras del 2010, según la revista médica Lancet).
Estos son los resultados de los recortes y de la devaluación doméstica propuesta por las instituciones citadas anteriormente. No es de extrañar, por lo tanto, que dos terceras partes del electorado hayan rechazado tales políticas, no apoyando a los partidos políticos que habían sido mayoritarios, responsables de llevar a cabo tales políticas. Frente a ellas hay dos posibilidades. Una de ellas es un cambio sustancial de dichas políticas, lo cual podría ocurrir si aquellas instituciones así lo decidieran. Éste parece ser el deseo de la mayoría de la ciudadanía, pero no es probable que ello ocurra. De ahí que otra alternativa sería que se saliera del euro. Ahora bien, esta alternativa no es la preferida, ni por la mayoría de la población griega, ni por la mayoría de las instituciones europeas (el BCE, la Comisión Europea y el Consejo Europeo), ni por la canciller alemana Merkel, ni por la mayoría de países de la UE. De ahí que es poco probable que ocurra. Es más, tal salida del euro sería ilegal, pues la Constitución Europea no lo permite.
Sería un error, sin embargo, que el gobierno griego no amenazara con hacer tal salida (que indudablemente crearía un problema grave del sistema financiero europeo basado en la banca alemana, y de ahí la oposición del BCE), pues ello reforzaría su posición. Esta salida, no deseada por razones predominantemente políticas, no sería un desastre, como constantemente se anuncia. Argentina, que tuvo cuatro años de recesión como resultado de fijar el valor de su moneda –el peso argentino- al de la moneda de EEUU -el dólar- (medida impuesta por el FMI), decidió romper con tal paridad, y en contra de todos los pronósticos, pudo recuperarse rápidamente, siendo el país que creció más de Latinoamérica desde entonces. Creció un 64% en seis años, reduciendo su pobreza de una manera muy considerable (dos terceras partes).
Gran parte de los argumentos que se han utilizado para diluir el valor que el ejemplo que Argentina pudiera significar para Grecia, no están apoyados por los datos existentes. Tales objeciones se han centrado en las diferencias existentes en el contexto internacional, tales como el notable crecimiento económico a nivel mundial que existía en el momento en que Argentina se separó del dólar (con gran demanda de los productos argentinos) frente a la recesión mundial existente ahora. Este argumento tendría validez sólo en caso de que la recuperación de la economía argentina hubiera estado originada por el aumento de sus exportaciones, lo cual no es el caso. La recuperación de la economía argentina no se basó en el incremento de las exportaciones, sino en el aumento de la demanda doméstica, estimulada en parte en un aumento del gasto público, facilitado por la rotura de la paridad peso-dólar. En cuanto a la supuesta imposibilidad de conseguir crédito a nivel internacional, se ignora que se puede conseguir crédito de varias fuentes alternativas a las existentes, pues éstas son mayores ahora que cuando Argentina rompió con su paridad con el dólar. Es comprensible que se transmita el mensaje por parte de las instituciones y partidos políticos que se oponen a cambiar las políticas de austeridad que se están imponiendo a Grecia, de que la salida del euro de tal país sería un desastre para él. Tal argumento deliberadamente exagera el impacto negativo que tal salida del euro tendría en la economía del país, e ignora, en contra, el enorme efecto desastroso que tal salida tendría para el sistema financiero europeo centrado en la banca alemana. El impacto de tal salida en los mercados financieros y su contaminación a otros países forzaría un cambio radical del comportamiento del BCE que éste no sostendría. Las izquierdas griegas deberían amenazar con la salida del euro para mejorar su posición versus el establishment de la UE.


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